¿Debe ser legislada la lucha contra la obesidad?

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, aseguró hace solo unos días que el Gobierno está comprometido con la lucha contra la obesidad infantil y añadió que se está trabajando en una plan con la industria alimentaria para reducir, en tres años, un 10 % del consumo habitual de azúcar, sal y grasas.

También este mismo mes, el Gobierno andaluz aprobó un proyecto de ley para promover una vida saludable y una alimentación equilibrada, en la que resultó una norma pionera en España, que entre otras medidas exige a los restaurantes disponer de menús saludables y el acceso gratuito al agua potable en todos los lugares públicos.

Se trata de la primera vez que una comunidad autónoma regula así el tratamiento de la obesidad, un problema que, particularmente en Andalucía, afecta a un 16,6% de la población adulta, un 23 % de la infantil y un 15,2 % de las pacientes gestantes.

Gemma Salvador, dietista y nutricionista de la Agencia de Salud Pública de Catalunya, recuerda que todo esto tiene su antecedente en 2004, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) instó a todos los países europeos a desarrollarestrategias de prevención de la obesidad porque se estaba detectando una tendencia al alza.

Entonces, España se sumó y creó comités y grupos de expertos para dar una respuesta a esa instancia, y en 2005 nació la estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad) y, en Catalunya, el plan integral para la promoción de la salud mediante la actividad física y la alimentación saludable, conocido como PAAS.

“Desde 2006 la Agencia de Salud Pública de Catalunya está liderando una estrategia de promoción de estilos de vida saludables para reducir esa tendencia que señaló la OMS”, recalca la también colaboradora del Posgrado de Salud Pública de la UPF Barcelona School of Management. ¿Pero debe legislarse esa estrategia?

En Catalunya, según Salvador, se han observado muchos avances en la prevención de la obesidad y la mayoría de ellos han tenido lugar sin necesidad de imposición legal, sino solo con recomendaciones. El impuesto sobre las bebidas azucaradas de 2017, sin embargo, sí se llevó al terreno legislativo.

Con la nueva norma, en Andalucía, los centros docentes tendrán que establecer, en un plazo de dos años, un tiempo mínimo recomendable de cinco horas efectivas semanales de actividad física, algo que Salvador reconoce que sin el apoyo de la ley es prácticamente imposible.

“En Catalunya se ha intentado muchas veces incrementar las horas de actividad física de los escolares en horario lectivo, pero la obligación a día de hoy sigue siendo solo de una hora a la semana”, apostilla.